Empiezan a tomar medidas para combatir corrupción. Son 867 los servidores públicos que ya recibieron una condena.Dentro de algunos días los peruanos veremos en la televisión un spot televisivo denominado “Por un Perú íntegro”. En él aparecerán el jefe del Estado, Alan García, y el primer ministro Yehude Simon; este último dirá: “Queremos un país sin corruptos ni corruptores”.
Con esta campaña de difusión que, además de mediática pretende llegar a colegios e instituciones públicas, el Ejecutivo quiere intensificar la lucha contra la corrupción.
Por lo pronto, ayer Simon reveló algunos resultados del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción lanzado por el Gobierno en diciembre último tras el escándalo de los petroaudios.
Según dijo, en el primer trimestre del 2009 el Ejecutivo recibió 1.992 denuncias por actos de corrupción, de las cuales el 72% corresponde al Ministerio de Educación, 17% al del Interior y 7% al de la Mujer.
Simon detalló que 2.507 denuncias están en trámite administrativo. Otras 939 fueron resueltas, con sanciones de amonestación, suspensión e incluso destitución.
La Procuraduría Pública Anticorrupción registra 7.096 funcionarios y servidores públicos procesados por delitos de corrupción, de los que 867 fueron condenados.
Entre los procesos, indicó que figuran investigaciones y denuncias penales solicitadas contra ex ministros, generales del Ejército, coroneles y directores de la policía, alcaldes, regidores y funcionarios de gobiernos regionales.
Consultado por este Diario sobre la posibilidad de publicar la lista de los funcionarios y trabajadores condenados por corrupción para evitar su “reciclaje” más adelante, Simon dijo no ser partidario de hacerlo, aunque sostuvo que la prensa podía investigar de quiénes se trataba.
Destacó que las cifras dadas a conocer superan los índices registrados el 2008, pues en ese período solo se denunciaron 1.274 casos y se resolvieron 121.
También reveló que en la última sesión del Consejo de Ministros se discutió el tema de la profesionalización y el perfil de los nuevos funcionarios públicos.
UN SECTOR VULNERABLE
Sobre el hecho de que Educación encabece este ránking, el educador y consultor de este Diario León Trahtemberg comentó que esto no debería sorprender si se tiene en cuenta que se trata de uno de los sectores más grandes de la administración pública y que fue blanco de recientes hechos polémicos, como los concursos de plazas para docentes.
“Se trata de un ministerio con millones de usuarios y miles de funcionarios, y las denuncias por coimas o procedimientos inadecuados siempre van a darse”, refirió. En todo caso sugirió comparar estos resultados con otras mediciones para tener una idea de la gravedad del problema.
Villa Stein garantiza independencia
El jefe del Gabinete también invocó a los titulares del Ministerio Público y del Poder Judicial, Gladys Echaíz y Javier Villa Stein, respectivamente, para que aceleren el proceso del Caso Discover Petroleum, relacionado con las presuntas irregularidades en la concesión de lotes petroleros y que involucró al ex ministro aprista Rómulo León.
“Espero que se termine la investigación de manera seria [...] el martes o jueves estoy solicitando una visita al Ministerio Público y al presidente de la Corte Suprema, para que en nombre del Ejecutivo se pueda acelerar este proceso”, expresó Simon, a la vez que dijo esperar que este caso llegue a su fin antes de que concluya el gobierno, y libre de presiones. Simon se pronunció luego de ser consultado por el hecho de que en la víspera se supiera que la Tercera Sala Anticorrupción había archivado la solicitud de la fiscalía para procesar a León por asociación ilícita para delinquir.
Horas después Villa Stein respondió que el caso del proceso por “chuponeo” a la empresa BTR (que interceptó las conversaciones que involucraron a León) se está llevando dentro de los cauces previstos y con independencia. “La demora adicional derivó del cambio del modelo de tramitación, de un juicio sumario a uno ordinario”.
SEPA MÁS
El Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción está enfocado en tres aspectos: la ineficacia en los mecanismos de control y sanción, la falta de transparencia y límites en el acceso a la información pública, y la limitada educación que hay sobre los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos frente al Estado.
En cuanto a la transparencia y acceso a la información pública, Simon dijo que todos los ministerios tienen la obligación de informar en sus respectivos portales de Internet sobre su presupuesto, contratos, gastos por viáticos, por telefonía y otros rubros de interés público.
EL COMERCIO
PERÚ
01/05/09
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