La fiscalía pide hasta 30 años de cárcel. La defensa dice que el acusado no tuvo que ver en los “deplorables” hechos y solicita la absolución
Lima (DPA).- El histórico proceso por casos de derechos humanos contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori llegará a su fin mañana, cuando, en la sesión número 161, se dicte el fallo que lo condene o lo absuelva.
El presidente de la Sala Penal Especial, César San Martín Castro, programó para las 9 de la mañana el inicio de la audiencia, de la que no sabe por cuánto tiempo se prolongará, aunque por experiencias previas podría resultar maratónica.
Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, es acusado por el Ministerio Público de la autoría mediata de dos masacres donde murieron 25 personas y también de dos secuestros.
La fiscalía pide hasta 30 años de cárcel. Por su parte, la defensa dice que el acusado no tuvo que ver en los “deplorables” hechos y solicita la absolución.
El fallo de mañana es de primera instancia, por lo que cualquier parte podrá apelarlo, y de hecho se descuenta que alguna lo hará. No obstante, se espera con gran expectación que se produzca un precedente con un juicio por derechos humanos a un presidente elegido democráticamente.
Los fujimoristas, que representan algo menos de un 20% de la población, han advertido que realizarán protestas callejeras en caso de un fallo adverso. Desde el otro bando no hay amenazas explícitas, pero se descuenta que una absolución o una pena muy leve podrían igualmente desatar pasiones.
La Fiscalía dice haber documentado plenamente durante el juicio, que se inició en diciembre de 2007, que Fujimori estaba al frente de un aparato de poder al margen de cual hubiera sido imposible cometer las masacres.
De allí surge la tesis de la ‘autoría mediata’, emparentada con lo que se aplicó por ejemplo en el caso de los oficiales nazis, a los que se sentenció sin que aparecieran pruebas escritas de que dieron órdenes de matar.
La defensa exige, en cambio, documentos escritos y acusa a la Fiscalía de armar un ‘tinglado’ jurídico para justificar acusaciones que, según Fujimori, sólo obedecen a odios personales y políticos. La parte acusadora recuerda al respecto que en los casos de DD.HH. no suele haber órdenes en papel.
Las masacres fueron cometidas por el grupo Colina, un destacamento formado por militares. En la primera, en 1991, murieron 15 personas que participaban en una fiesta de Barrios Altos, y en la segunda, en 1992, fueron asesinados un profesor y nueve alumnos a los que se sacó a la fuerza de la universidad La Cantuta.
Los secuestros están referidos a las detenciones arbitrarias del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, cometidas en el marco del “autogolpe” de Estado de Fujimori, en abril de 1992. También en estos casos el entonces mandatario alega inocencia.
Durante el proceso, que transcurrió con algunos paréntesis por problemas de salud del acusado, de 70 años, desfilaron decenas de testigos y se aportaron diversos indicios y supuestas pruebas en favor o en contra, todo lo cual fue evaluado por San Martín y sus compañeros de sala, Víctor Prado y Hugo Príncipe.
Pese a que el tribunal buscó mantener siempre el proceso dentro de un marco estrictamente judicial, esfuerzo por el que recibió elogios de ambas partes, el caso tuvo obvios ribetes políticos, lo que fue entendido por Fujimori en su autodefensa.
Una eventual absolución de Fujimori mañana no implicará su excarcelación, pues ya tiene una sentencia por un allanamiento ilegal y estará preso al menos hasta 2013. Además, a partir de mayo tendrá que enfrentar nuevos procesos por hechos de corrupción ocurridos en su gobierno.
Lima (DPA).- El histórico proceso por casos de derechos humanos contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori llegará a su fin mañana, cuando, en la sesión número 161, se dicte el fallo que lo condene o lo absuelva.
El presidente de la Sala Penal Especial, César San Martín Castro, programó para las 9 de la mañana el inicio de la audiencia, de la que no sabe por cuánto tiempo se prolongará, aunque por experiencias previas podría resultar maratónica.
Fujimori, que gobernó entre 1990 y 2000, es acusado por el Ministerio Público de la autoría mediata de dos masacres donde murieron 25 personas y también de dos secuestros.
La fiscalía pide hasta 30 años de cárcel. Por su parte, la defensa dice que el acusado no tuvo que ver en los “deplorables” hechos y solicita la absolución.
El fallo de mañana es de primera instancia, por lo que cualquier parte podrá apelarlo, y de hecho se descuenta que alguna lo hará. No obstante, se espera con gran expectación que se produzca un precedente con un juicio por derechos humanos a un presidente elegido democráticamente.
Los fujimoristas, que representan algo menos de un 20% de la población, han advertido que realizarán protestas callejeras en caso de un fallo adverso. Desde el otro bando no hay amenazas explícitas, pero se descuenta que una absolución o una pena muy leve podrían igualmente desatar pasiones.
La Fiscalía dice haber documentado plenamente durante el juicio, que se inició en diciembre de 2007, que Fujimori estaba al frente de un aparato de poder al margen de cual hubiera sido imposible cometer las masacres.
De allí surge la tesis de la ‘autoría mediata’, emparentada con lo que se aplicó por ejemplo en el caso de los oficiales nazis, a los que se sentenció sin que aparecieran pruebas escritas de que dieron órdenes de matar.
La defensa exige, en cambio, documentos escritos y acusa a la Fiscalía de armar un ‘tinglado’ jurídico para justificar acusaciones que, según Fujimori, sólo obedecen a odios personales y políticos. La parte acusadora recuerda al respecto que en los casos de DD.HH. no suele haber órdenes en papel.
Las masacres fueron cometidas por el grupo Colina, un destacamento formado por militares. En la primera, en 1991, murieron 15 personas que participaban en una fiesta de Barrios Altos, y en la segunda, en 1992, fueron asesinados un profesor y nueve alumnos a los que se sacó a la fuerza de la universidad La Cantuta.
Los secuestros están referidos a las detenciones arbitrarias del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, cometidas en el marco del “autogolpe” de Estado de Fujimori, en abril de 1992. También en estos casos el entonces mandatario alega inocencia.
Durante el proceso, que transcurrió con algunos paréntesis por problemas de salud del acusado, de 70 años, desfilaron decenas de testigos y se aportaron diversos indicios y supuestas pruebas en favor o en contra, todo lo cual fue evaluado por San Martín y sus compañeros de sala, Víctor Prado y Hugo Príncipe.
Pese a que el tribunal buscó mantener siempre el proceso dentro de un marco estrictamente judicial, esfuerzo por el que recibió elogios de ambas partes, el caso tuvo obvios ribetes políticos, lo que fue entendido por Fujimori en su autodefensa.
Una eventual absolución de Fujimori mañana no implicará su excarcelación, pues ya tiene una sentencia por un allanamiento ilegal y estará preso al menos hasta 2013. Además, a partir de mayo tendrá que enfrentar nuevos procesos por hechos de corrupción ocurridos en su gobierno.
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